El Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental para urbanizar 79 hectáreas del cerro genera posiciones encontradas entre el gobierno local, la concesionaria y sectores técnicos y políticos que cuestionan su legalidad y viabilidad.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral, impulsado por el Ejecutivo municipal, ha vuelto a la agenda local renovando el debate. El proyecto, enmarcado en la concesión vigente hasta 2056 de la empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa), busca urbanizar 79 hectáreas (el 4% del área concesionada) para la construcción de un hotel a 1200 metros sobre el nivel del mar y áreas residenciales de uso permanente y temporario.
El intendente Walter Cortés (Unión y Libertad) ha buscado acelerar su tratamiento para otorgar «parámetros urbanísticos», argumentando que abriría la puerta a una de las mayores inversiones inmobiliarias en Bariloche y modernizaría el centro invernal. Sin embargo, tras críticas sociales, la iniciativa estuvo en pausa más de un año y fue tratada recientemente en el Consejo de Planificación Municipal (CPM).
Desde el Colegio de Arquitectos de Río Negro (CARN) elevaron una serie de advertencias, señalando que el proyecto «nace con un vicio de nulidad constitucional insalvable», ya que el cerro es patrimonio inalienable de la ciudad según la Carta Orgánica Municipal. Su vicepresidenta, Alicia Albandoz, afirmó que el Ejecutivo ignoró sus documentos y evalúan acciones judiciales.
En la misma línea, el concejal Leandro Costa Brutten presentó un dictamen de rechazo, argumentando que la magnitud del proyecto (equiparable a un «pueblo nuevo» de 13.000 personas) exige Audiencia Pública Obligatoria y Doble Lectura, procedimientos que no se habrían cumplido. También cuestionó la viabilidad ambiental y de servicios, como el uso de reservorios de agua para nieve artificial y la provisión de agua potable y energía.
Desde Capsa respondieron que «no hay enajenación ni venta: la tierra mantiene su dominio municipal inalienable», y que solo se regulan derechos de desarrollo ya previstos en los contratos de concesión. El debate continúa su recorrido administrativo, que incluye mecanismos de participación ciudadana y análisis de instituciones y equipos técnicos.