El vínculo entre la Iglesia y la dictadura: cómo el caso Angelelli expuso el rol del clero en el terrorismo de Estado

La relación entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas en la Argentina viene de mucho antes: ya desde el quiebre institucional de 1930 se fue tejiendo una alianza cada vez más estrecha entre el poder militar y la jerarquía eclesiástica, en un contexto donde la inestabilidad política también le permitió a la Iglesia ganar peso e influencia. Ante ese esquema, las Fuerzas Armadas eran vistas como guardianas de la identidad “cristiana” del país frente a amenazas como el liberalismo, el laicismo y, con el paso del tiempo, el avance del marxismo.

Ante la antesala del golpe, buena parte del episcopado compartía una mirada conservadora y buscaba ordenar hacia adentro a los sectores de la Iglesia más comprometidos. Influenciados por el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, muchos curas y laicos proponían una Iglesia más cercana a los sectores populares y con participación política.

De modo que cuando se instala la dictadura en 1976, ese clima previo ayuda a explicar parte de lo que vino después. El régimen se presentó como defensor de la “civilización occidental y cristiana”, una idea que no era solo retórica: funcionó como un marco de legitimación para la represión. Bajo el concepto de “lucha antisubversiva”, sectores del clero interpretaron la violencia estatal como una especie de cruzada necesaria contra un “enemigo interno”.

No solo hubo silencios: en algunos casos, también hubo avales explícitos o implícitos a lo que estaba ocurriendo.

La Conferencia Episcopal Argentina, conducida entonces por figuras como Juan Carlos Aramburu y Raúl Primatesta, adoptó lo que luego se conoció como una “diplomacia silenciosa”. Así, la idea era mantener diálogo con la Junta Militar para intervenir en casos puntuales, evitando una confrontación pública que —según entendían— podía empeorar la situación o romper puentes con un gobierno al que veían cercano en términos ideológicos.

Aunque esa estrategia mostró rápidamente sus límites. Los documentos de la época reflejan una postura ambigua, con condenas generales a “la violencia de ambos lados” que, en los hechos, ponían en el mismo plano la represión estatal y la acción de las organizaciones armadas. Incluso en los primeros meses luego del golpe, las declaraciones oficiales evitaron cuestionar de manera directa las desapariciones que ya comenzaban a multiplicarse.

Durante 1977, ese vínculo se formalizó más con la creación de una comisión de enlace secreta entre la dictadura y la cúpula eclesiástica. Allí se discutían, los llamados “problemas irritantes”. Con el tiempo, documentos desclasificados mostraron que los obispos sí planteaban su preocupación por los desaparecidos, pero muchas veces aceptaban las respuestas evasivas de los militares o subordinaban esas inquietudes al objetivo de derrotar a la “subversión”.

Por si fuera poco, el nuncio apostólico Pío Laghi estaba al tanto de las denuncias por torturas y centros clandestinos, e incluso entregó listas de desaparecidos a funcionarios como Albano Harguindeguy.

El vicariato castrense y la colaboración operativa

El Vicariato Castrense y una red de capellanes militares y policiales se integraron orgánicamente en el aparato represivo. Algunas figuras como el obispo Adolfo Tortolo, vicario castrense y presidente de la CEA al inicio del golpe, mantuvieron una relación estrecha con los dictadores, llegando Videla a declarar años después que su relación fue «excelente».

Sin más, muchos de ellos proporcionaban una justificación teológica a la tortura y el asesinato, convenciendo a oficiales y suboficiales de que estaban realizando una tarea divina en defensa de la fe.

Allí, en los centros clandestinos de detención, la presencia de sacerdotes no era inusual: algunos asistían a los torturadores para «tranquilizar sus conciencias«, mientras que otros presionaban a los secuestrados para que confesaran bajo la promesa de alivio espiritual o incluso de libertad.

La otra Iglesia: persecución, martirio y resistencia en plena dictadura

Entre el silencio de algunos sectores y la cercanía de otros con el poder militar, existió también una “otra Iglesia” que fue víctima directa del terrorismo de Estado. Sacerdotes, religiosas y laicos vinculados a la teología de la liberación, los curas villeros y el trabajo en barrios populares quedaron en la mira del régimen, que los consideraba un “enemigo interno” por su capacidad de organización y su llegada a los sectores más vulnerables.

Su persecución no empezó en 1976: ya en 1974, el asesinato del padre Carlos Mugica a manos de la Triple A marcaba un anticipo de lo que vendría, pero con la dictadura la represión se volvió sistemática.

La Masacre de San Patricio

A decir verdad, uno de los episodios más brutales fue la masacre de San Patricio. El 4 de julio de 1976, en una parroquia del barrio de Belgrano, un grupo de tareas asesinó a tres sacerdotes —Alfredo Kelly, Pedro Dufau y Alfredo Leaden— y a dos seminaristas, Salvador Barbeito y Emilio Barletti. No fue un crimen al azar: los palotinos representaban una Iglesia comprometida con lo social, incómoda para los sectores más conservadores.

Incluso, el mensaje de los asesinos, escrito con tiza en una alfombra y en una puerta, era inequívoco: «Por los camaradas muertos en el Departamento de Policía» y «Por pervertir las mentes de los jóvenes«. A pesar de los indicios que vinculaban el crimen con las fuerzas de seguridad, la investigación fue bloqueada y la jerarquía eclesiástica, aunque conmocionada, no realizó una denuncia frontal que señalara a los responsables militares.

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Enrique Angelelli, el Obispo que «tenía un oído en el pueblo»

El 4 de agosto, un mes después, el asesinato del obispo riojano Enrique Angelelli terminó de confirmar que la represión también alcanzaba a sectores de la jerarquía. Angelelli había denunciado sistemáticamente la represión y el empobrecimiento de los campesinos, lo que le valió el odio de las élites locales y del Tercer Cuerpo del Ejército.

Sin embargo, recién en democracia, se pudo probar que se trató de un «homicidio fríamente premeditado«. Angelelli fue embestido por otro vehículo cuando transportaba documentación crítica sobre los asesinatos de dos de sus sacerdotes en Chamical. En 2014, los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella fueron condenados a prisión perpetua. Su figura, beatificada en 2019, quedó como símbolo de una Iglesia que eligió denunciar aun en riesgo de vida.

Las monjas francesas y el calvario de la ESMA

El secuestro y desaparición de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet en diciembre de 1977 conmocionó a la opinión pública y puso en evidencia la brutalidad del régimen argentino. Ambas pertenecían a la Congregación de las Misiones Extranjeras de París y trabajaban en misiones populares y con familiares de desaparecidos.

Su captura fue posible gracias a la infiltración del oficial de la Marina Alfredo Astiz en el grupo de Madres de Plaza de Mayo que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz. Domon y Duquet fueron llevadas a la ESMA, donde sufrieron torturas atroces. A pesar de la presión del gobierno francés, la dictadura negó su responsabilidad, llegando a publicar fotos trucadas de las monjas frente a una bandera de Montoneros para simular un secuestro por parte de la guerrilla.

Finalmente, fueron arrojadas vivas al mar en los «vuelos de la muerte«.

MV