En un fallo de apenas seis hojas fechado el pasado viernes 27 de febrero, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dio un paso más para que los policías bonaerenses de la llamada «Masacre de Wilde» –uno de los casos de gatillo fácil más emblemáticos de la historia criminal argentina– vayan finalmente a la cárcel.
Los jueces María Florencia Budiño, Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria rechazaron, por unanimidad, el recurso extraordinario federal con el que los policías condenados en 2022 pretendían ir a dar vuelta la condena a 25 años de prisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución dio pie para que los querellantes pidieran la inmediata detención de los involucrados por el riesgo de fuga. Ahora todo está en manos del máximo tribunal bonaerense que deberá definir en los próximos días.
El nuevo fallo llega después de 32 años de trámites judiciales, trabas escandalosas y presiones de todo tipo. Alcanza a seis policías y no ya a los 11 originales. Muchos murieron y uno incluso no pudo ser juzgado por inimputable.
«Creo que los jueces en lugar de impartir Justicia torturan a los familiares», le dijo a Clarín Raquel Gazzanego, viuda del librero Edgardo Cicutín, uno de los inocentes asesinados en enero de 1994 cuando en la Provincia reinaba la llamada «Maldita Policía».
«¡Tanta espera para que puedan tomar determinaciones en algo que ya fue juzgado, ya los condenaron! Es una tortura que cada paso por dar sea tan pesado. Nadie tiene en cuenta nuestro dolor. Tenemos que seguir pensándolos a los policías comiendo con su familias, pensándolos saliendo a comprar el pan, cuando en realidad deberíamos saberlos en prisión», agregó Raquel.
Las condenas
El jueves 5 de junio de 2025, la Sala III de la Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó la condena contra siete policías involucrados en la Masacre de Wilde, ocurrida en 1994, y en la que un vendedor de libros y un remisero fueron brutalmente asesinados -por error- al igual que dos ladrones a los que la brigada de Lanús sí estaba buscando para eliminar.
Los condenados fueron los ex comisarios Roberto Mantel (65) y Eduardo Gómez (61), quien se retiró en 2005 como comisario inspector; el oficial Osvaldo Lorenzón (69); el ex cabo Marcos Rodríguez (59); los ex oficiales Marcelo Valenga (59) y Julio Gatto (56); y el ex subteniente Pablo Dudek (76).
Este último murió tras el juicio por lo que la causa sigue sólo para seis. La Masacre de Wilde no es sólo un caso emblemático de gatillo fácil sino un doloroso ejemplo de la poca eficiencia de la Justicia cuando hay policías acusados. Al principio de la investigación los acusados eran 11 pero a juicio llegaron siete.
El fallo de Casación, de 269 páginas, fue por mayoría: los jueces Mario Kohan y Ricardo Maidana votaron por confirmar las penas de 25 años de prisión dictadas el 2022. El juez Víctor Violini votó en disidencia.
«Tres años estuvo la causa en la Cámara de Casación. La Sala III confirmó las condenas del tribunal de Lomas de Zamora. Los particulares damnificados (representados por Gustavo Romano Duffau y Ciro Annicchiarico) habíamos perdido perpetua, pero no hicieron lugar», cuenta Raquel, que tiene un deseo que no la abandona: «Que no se mueran sin haber pisado la cárcel y que no me muera yo sin verlo».
«La confirmación de Casación en 2025, y ahora del fallo de Corte, son buenas noticias, pero la alegría no es completa porque uno sigue caminando las mismas calles que los asesinos. Falta saberlos tras las rejas«, remarca la mujer a Clarín.
La denominada Masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994, cuando 11 policías bonaerenses vestidos de civil a bordo de cinco autos no identificables, salieron de caza para emboscar a una banda que trabajaba para ellos y se quería independizar de la brigada.
Su plan era matarlos pero se equivocaron de objetivo y, además de asesinar a dos de sus presas originales (dispararon 200 veces, según las pericias), fusilaron al librero Edgardo Cicutín (34) y al remisero Norberto Corbo (32), que nada tenían que ver con el ajuste de cuentas e iban en un Dodge 1500 y en un Peugeot 505.
Cerca del mediodía, en el cruce de la avenida Bartolomé Mitre y Ramón Franco, la Policía creyó ver a los autos en los que se trasladaban los presuntos delincuentes. Abrieron fuego sobre estos dos autos, un Dodge 1500 y un Peugeot 505.
En el Dodge iban Edgardo Cicutín y Claudio Díaz, dos vendedores de libros. El otro auto que recibió los balazos, el Peugeot 505, era conducido por el remisero Norberto Corbo. Sus pasajeros eran Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, dos ladrones que sí habían hecho “trabajos para la Policía”.
En ese fusilamiento realizado a plena luz del día murieron Cicutín, que iba en el asiento del acompañante del Dodge 1500, y los tres ocupantes del remís Peugeot 505. El único sobreviviente fue Claudio Díaz, uno de los vendedores de libros.
El caso tardó décadas en llegar a juicio, no por casualidad. Los policías pertenecían a la temible Brigada de Investigaciones de Lanús, por entonces a cargo del subcomisario Juan José Ribelli, uno de los máximos exponentes de la denominada «Maldita Policía».
Aunque fueron acusados, no fueron presos. El caso más escandaloso fue el del ex cabo Marcos Ariel Rodríguez. Sobre este policía se echaron gran parte de las culpas y, curiosamente, horas después de la masacre pudo escapar caminando del calabozo de la Brigada de Lanús.
Había estado prófugo 20 años gracias a que logró esconderse en Córdoba, en la localidad de La Falda. Allí abrió una carnicería y allí volvió luego del fallo, cuando los jueces del Tribunal Oral N° 3 le dieron prisión domiciliaria por un tema de salud.
De acuerdo a los fundamentos de los jueces -que contaron con el apoyo de la fiscal-, Rodríguez está en la miseria, no tiene dónde vivir y sufre de problemas de salud. Por eso le dieron el OK para mudarse con uno de sus hijos a Villa San Antonio, Valle Hermoso.
Los familiares de las víctimas no ven la hora de que vuelva a prisión. Que todos los culpables, en definitiva, cumplan con su condena.
MG