Una resolución reciente mantuvo vigente la normativa que impide las visitas sin previo aviso de los miembros del Congreso de Estados Unidos a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La decisión no valida la legalidad de la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), pero permite su aplicación temporal mientras continúa el litigio.
La jueza federal Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, rechazó una moción presentada por legisladores que buscaban bloquear de inmediato la nueva directriz del DHS. La medida federal exige un aviso previo de siete días para ingresar a los centros de detención de inmigrantes y realizar las supervisiones.
En el nuevo fallo judicial emitido el 19 de enero de 2026, la Corte determinó que el memorando del 8 de enero constituía una “nueva acción de la agencia” y que, por lo tanto, no estaba automáticamente alcanzado por la orden de suspensión emitida en diciembre.
Esa acción, según explicó Cobb, se refería de manera específica a la política anunciada en junio de 2025 y no a cualquier medida futura relacionada con el acceso del Congreso.
Además, la jueza sostuvo que los demandantes habían utilizado un mecanismo procesal incorrecto al solicitar una orden para que el DHS “mostrara causa” por presuntamente violar el fallo anterior. Según la Corte, si los legisladores desean cuestionar la nueva normativa, deben modificar su demanda o presentar una acción suplementaria conforme a las reglas procesales vigentes.
El 17 de diciembre de 2025, la jueza Cobb suspendió una normativa impulsada por el ICE que exigía a los congresistas notificar con al menos siete días de anticipación cualquier visita de supervisión a centros de detención. La magistrada concluyó que esa regla excedía la autoridad conferida al DHS y entraba en conflicto con una ley federal de asignaciones presupuestarias.
Según ese marco legal, el DHS no puede utilizar fondos asignados por el Congreso para obstaculizar el acceso de legisladores a instalaciones donde se mantiene bajo custodia a personas extranjeras. La jueza sostuvo que imponer un aviso prolongado equivalía, en los hechos, a limitar la capacidad de control legislativo.
En esa misma línea, Cobb subrayó que las condiciones dentro de los centros de detención pueden modificarse de manera rápida. Por ese motivo, permitir visitas solo con una semana de anticipación abriría la puerta a que la realidad cotidiana de las instalaciones no pudiera ser observada de forma directa y espontánea por los legisladores.
Tras ese revés judicial de diciembre, el DHS adoptó una nueva estrategia. El 8 de enero de 2026, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, firmó un memorando que restableció el requisito de notificación previa de siete días para las visitas del Congreso a centros del ICE.
La diferencia central respecto de la política bloqueada en diciembre fue el origen de los fondos utilizados para implementarla. El nuevo memorando especificó que la medida se aplicaría exclusivamente con recursos provenientes de la denominada One Big Beautiful Bill Act, una ley impulsada por el presidente Donald Trump.
El argumento del gobierno fue que, al no utilizar fondos sujetos a las restricciones de las leyes de asignaciones anuales del Congreso, la nueva política no violaba la prohibición legal que había motivado el fallo previo.
En tanto, el fallo del 19 de enero dejó en claro que la negativa a bloquear la política no implica una validación de su legalidad. La jueza enfatizó que su resolución se limitó a señalar que el camino elegido por los demandantes no era el adecuado para impugnar el nuevo memorando.
En su análisis, Cobb remarcó que el gobierno tiene la posibilidad de “abordar el problema de nuevo” siempre que lo haga de manera consistente con los principios legales expuestos por la Corte. El cambio en la fuente de financiamiento fue considerado suficiente, en esta etapa, para diferenciar la nueva política de la anterior.
El litigio, sin embargo, está lejos de concluir. La propia Corte dejó abierta la puerta para que los demandantes reformulen su acción y cuestionen directamente la legalidad del nuevo memorando. Mientras tanto, el “blindaje” al ICE continúa vigente.