Mientras continúa la investigación por lavado de dinero, la justicia ordenó congelar todos los bienes en el país en poder del excandidato libertario José Luis Espert, de su esposa María Mercedes González, de su hijo y de varios de sus socios y familiares con los que comparte fideicomisos y sociedades.
La medida, dictada por el juez Lino Mirabelli, había sido solicitada por el fiscal Federico Domínguez, quien lleva adelante la investigación por lavado de dinero que pesa sobre el exdiputado, a raíz de los 200.000 dólares que cobró de Federico “Fred” Machado, el empresario acusado de narco en Estados Unidos. Como suele suceder en este tipo de causas de corrupción, la fiscalía argumentó la medida a los efectos de “asegurar los activos pasibles de decomiso”.
La decisión es la de mayor peso conocida hasta ahora desde que el fiscal Domínguez imputó a Espert, a inicios de octubre. A esa altura de la investigación, la hipótesis de que la suma de 200 mil dólares que Espert recibió para su campaña de 2019 provenían de los distintos ilícitos asignados a Machado, además de la existencia de un contrato por un millón de dólares firmado entre ambos en La República de Guatemala, ya era parte del expediente.
Domínguez se ocupó de que la justicia congelara los bienes del exdiputado y su entorno, en un paso más de la investigación. La medida se extiende a su esposa María Mercedes González; al empresario –y primo de “Fred” Machado– Claudio Alberto Ciccarelli; a su hermano Gustavo Sergio Espert y a varias de las firmas que comparte la familia.
Los montos del embargo son millonarios e incluyen el Condominio que Espert había firmado con su hermano Gustavo y madre Norma, fallecida en marzo de este año, sus vehículos, sociedades y hasta el sello electoral Avanza Libertad. También su quinta de Escobar, la misma que fue allanada en el marco de la causa y donde se encontró, según el dictamen del fiscal, una factura de exportación emitida a nombre de la firma Wellington Capital Markets Ltd por 300 mil dólares. Esa firma tenía domicilio en Australia y CUIT de la República de Panamá.
Esa factura, dice el fiscal en su dictamen, fue emitida en mayo de 2019, “en los albores del inicio de la relación entre Espert y Machado” y “evidencia la existencia de al menos una cuenta bancaria radicada en el exterior en la cual habría percibido dicho pago y de la cual no surgen datos de la presentación de declaraciones juradas” del exdiputado.
El fiscal también comprobó que entre 2018 y 2020, es decir luego de haber conocido a Machado, Espert duplicó su patrimonio, lo que no puede explicar. Ese incremento patrimonial se constata con la incorporación del Condominio con la familia y la adquisición de un BMW entonces valuado en $5.917.100. “Ambos bienes suman un total de $18.903.390, importe que dista mucho del monto de ingresos registrados por ARCA para este individuo durante el ejercicio 2020, que ascendió a $1.675.123,67″.
“Es importante recordar que ese mismo año (en 2020), Espert habría registrado una acreditación de USD 200.000 proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico, un mes antes de la adquisición del BMW y no se encuentran declarados como tenencia en la DDJJ correspondiente a ese año”, dice el dictamen.
Espert tenía cuatro grandes armados societarios en los que escondía el dinero del lavado:
- “El Encuentro de Castello S.A.” (armada en 2023).
- “Killaco S.A.” (2007) ambas en sociedad con su hermano, dedicadas al rubro agropecuario.
- El Codondominio con su hermano y su madre, creado post-arreglo con Machado, en 2019.
- Varianza S.A. (también de 2019) junto a su esposa, del rubro consultoría financiera, que utilizaba para inflar su facturación.
A nombre de su esposa puso además porcentajes de un lote en zona de quintas en Martínez y dos autos de alta gama, marca Porsche.
También hizo lo propio con su hijo de 23 años, quién “a pesar de no registrar inscripción en AFIP ni ingresos declarados”, es titular de un auto deportivo de marca Lexus, hallado en la residencia de Espert y Gonzalez en Beccar durante el allanamiento de octubre. “En este estado de las actuaciones surge como eventual persona interpuesta o “testaferro”, dice el dictamen.