El informe señala que “tiene por objetivo constatar los retrocesos del actual gobierno en materia de derechos indígenas. La documentación de “los pasos para atrás” adquiere sentido no sólo para demostrar las vulneraciones a las que son sometidos los pueblos indígenas, sino para dejar registrado algunos hitos de las regresiones, con la pretensión de que finalizado un ciclo puedan restaurarse algunas de las demandas indígenas –amparadas en derechos vigentes- que son prolijamente ignoradas”.
“La actual gestión de gobierno desprecia una política basada en el respeto a los derechos humanos. Bajo ese presupuesto, va desmantelando prolijamente cualquier estructura estatal creada para diseñar y formular políticas públicas que garanticen esos derechos. Se parte del presupuesto de que su ideología declarada, las decisiones políticas que tomó desde su asunción, el contenido de sus discursos, todo ello apunta a descartar como inservibles para cierto modelo de país, para determinado modelo de desarrollo, formas de vida que reclaman legítimamente el respeto a su identidad”, agrega.
En pocas palabras, señala que “el contexto político actual es profundamente adverso a la vigencia de los derechos indígenas. Tanto lo expresado por los funcionarios de gobierno, como las prácticas hasta ahora establecidas, auguran un rechazo consistente de cualquier demanda por derechos. Esto último se ha recortado enormemente, tanto a nivel nacional como en la dimensión de las provincias”.
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