Este martes, Argentina presentará un descargo argumental ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York, con el objetivo de que se mantenga en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska, quien dictaminó la entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF a los fondos especulativos, demandantes en el juicio por la reestatización.
La ejecución del fallo se mantiene en pausa por un breve plazo, hasta que las partes expongan sus fundamentos, según lo establecido por la Corte. Luego de ello habrá que esperar la nueva decisión judicial.
Los buitres presentaron este mismo lunes su descargo ante el Tribunal, con críticas a la Casa Blanca por el apoyo manifiesto a la estrategia de defensa argentina. “Una presentación como amicus curiae por parte del gobierno de los EE.UU. en el contexto de una solicitud administrativa como lo es la suspensión (stay) del fallo de la Juez Loretta Preska es altamente inusual”, cuestiona el escrito de los capitales especulativos.
El estudio que defiende al fondo inglés Burford sostuvo entre sus argumentos que «cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”. El documento del Gobierno de Estados Unidos explica que la inmunidad soberana extranjera históricamente protegía la propiedad de estados extranjeros de la ejecución y asegura que es una clara intromisión en la soberanía.
“El gobierno norteamericano presentó su escrito tras no responder a la solicitud de los demandantes para mantener una reunión en la que podrían haberle explicado los errores de interpretación del caso, errores que, en parte, derivan de su ausencia durante la mayor parte de las extensas y detalladas actuaciones ante el tribunal de primera instancia”, reprocha el bufete buitre.
Los abogados de Argentina, al revés, buscan que la Cámara estadounidense extienda la suspensión de la sentencia durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo. Lo mismo que solicitó la gestión de Donald Trump teniendo en cuenta el “derecho internacional consuetudinario, que generalmente prohíbe la jurisdicción de ejecución en el territorio de otro estado sin su consentimiento”.
La semana pasada, los acreedores manifestaron que no “pretenden los títulos de YPF” pero sí una garantía de cobro. El escrito que la defensa argentina entregará a la Corte de Apelaciones de Nueva York, este martes 22 de julio, tiene estos dos antecedentes a su favor:
*El apoyo previo del Gobierno estadounidense, como también había sucedido durante la administración de Joe Biden.
*Las declaraciones de los demandantes, donde afirman que no tienen intención de quedarse con las acciones de la petrolera estatal.
Argentina intentará, una vez más, que no se produzcan movimientos hasta la resolución de fondo. En caso de que este pedido sea rechazado, la orden de Preska se reactivará, obligando al país a cumplir para no enfrentar el riesgo de desacato que puede conllevar efectos negativos en los mercados internacionales.
Desobediencia
Si la decisión judicial es a favor de los acreedores y el país no la cumple puede derivar en una multa que complique la credibilidad y el acceso a los mercados internacionales. Pero, de obedecer, estaría violando su propia Constitución.
Los fondos, preocupados por la repercusión del amicus curiae advirtieron que “los efectos negativos de la nueva postura del gobierno ya comienzan a manifestarse, ya que tanto la prensa argentina como funcionarios públicos han interpretado el escrito del gobierno norteamericano como una señal de que Argentina nunca tendrá que pagar la sentencia”.