Una nueva iniciativa legislativa de la oposición busca poner un «límite ético y judicial» a quienes deseen prestar servicios al Estado chaqueño. El proyecto, presentado por el diputado Juan José Bergia, establece que personas con condenas penales graves o incluidas en el Registro Único de Personas Violentas (RUPV) no podrán inscribirse como proveedores, contratistas ni prestadores del sector público provincial.
La propuesta legislativa plantea una condición excluyente: presentar un certificado de antecedentes penales y constancia negativa en el RUPV al momento de inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado. La medida también alcanzaría a empresas, ya que se prevé revisar la situación judicial de sus socios cuando posean más del 20% del capital social. “No puede formar parte del circuito estatal quien ejerció violencia o fue condenado por delitos como homicidio, abuso, corrupción o crímenes de lesa humanidad”, sostuvo Bergia.
El legislador remarcó que la exclusión no representa una sanción adicional, sino la necesidad de elevar los estándares de integridad en quienes gestionan fondos públicos o se benefician de recursos estatales.
La autoridad de aplicación será la Contaduría General de la Provincia, con articulación con el Ministerio de Infraestructura en lo que refiere a procesos de contratación.
Además, el proyecto prevé que las personas con antecedentes penales queden inhabilitadas por ocho años tras el cumplimiento de su pena. La norma apunta a ser complementaria de las leyes provinciales 1195-A y 487-A, y convoca a los municipios chaqueños a adherirse para fortalecer la transparencia en todos los niveles de gobierno.