Entre enero y mayo de 2025, los argentinos destinaron 1.572 millones de dólares a la compra de indumentaria importada, según datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (Ciai), elaborados a partir de estadísticas del Indec y del BCRA. El crecimiento interanual fue del 136 %, un salto histórico que refleja un cambio profundo en los patrones de consumo.
Desde el gobierno se argumenta que esta tendencia responde a una política de equidad: permitir que quienes no puedan viajar al exterior accedan, en igualdad de condiciones, a los mismos productos que quienes sí lo hacen. Pero esa explicación, aunque válida, no alcanza para entender todas las dimensiones del fenómeno. Detrás del boom importador también hay factores distorsivos que colocan a la producción nacional en una situación de desventaja competitiva. El crecimiento exponencial de las compras externas es tanto un síntoma como una señal de alerta.
La competencia global no es pareja
Una parte del auge en importaciones de indumentaria responde al modelo de negocios de empresas de “fast fashion” y “ultra fast fashion”, como Shein. Se trata de plataformas que ofrecen precios extremadamente bajos, lanzan nuevos productos en ciclos semanales y operan sobre escalas masivas de producción. En muchos casos, lo hacen en entornos con costos laborales muy bajos, estándares ambientales laxos y escasa fiscalización.
Desde una perspectiva teórica, el comercio internacional se basa en el principio de ventaja comparativa: cada país se especializa en lo que produce con mayor eficiencia e importa lo que no. Pero ese marco asume condiciones ideales, sin distorsiones. Cuando la producción compite con estructuras que operan bajo condiciones de explotación laboral, subsidios cruzados o daño ambiental no penalizado, el juego deja de ser limpio.
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Frente a esto, algunos países europeos comenzaron a aplicar regulaciones e impuestos correctivos para compensar las externalidades negativas de estas cadenas globales. El objetivo es simple, hacer que esos costos ocultos se reflejen en el precio final. Pero esta es parte de la historia.
El “costo argentino”: una desventaja autogenerada
Aunque los desequilibrios globales son relevantes, la principal desventaja de la industria local proviene del propio esquema institucional y fiscal argentino. Lo que se conoce como “costo argentino” no es un único factor, sino un conjunto de elementos que combinan malos impuestos, burocracia, inseguridad jurídica, trabas logísticas e inestabilidad macroeconómica.
Durante años, esta desventaja se disimuló con cierres comerciales, licencias no automáticas o devaluaciones periódicas. Hoy, en un contexto de apertura económica gradual y con tipo de cambio relativamente estable, esas ineficiencias quedan expuestas con claridad.
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Uno de los factores más determinantes es el sistema tributario, que se apoya fuertemente en impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, Sellos, tasas municipales o el impuesto al cheque. A diferencia del IVA, que permite crédito fiscal y no se acumula a lo largo de la cadena, estos tributos afectan cada etapa del proceso productivo, generando un efecto cascada que encarece el producto nacional, muchas veces por encima de su costo real.
La carga tributaria no solo es alta: es caóticamente aplicada y muy difícil de gestionar. Cada provincia establece sus propias alícuotas, regímenes de percepción y criterios para determinar la base imponible. Cuando una operación involucra más de una jurisdicción, entra en juego el Convenio Multilateral, lo que puede derivar en conflictos entre fiscos provinciales y genera incertidumbre para el contribuyente.
Además, muchas empresas se ven forzadas a actuar como agentes de retención o recaudación, asumiendo tareas que son propias del Estado. Esta tercerización encarece la operatoria, complica la relación con proveedores y genera costos administrativos difíciles de absorber, especialmente para las pymes.
En este contexto, un producto fabricado localmente puede resultar más caro que un importado simplemente porque paga impuestos que no se aplican en el exterior. El producto importado elude buena parte de la estrafalaria superposición de impuestos que soporta quien produce internamente. El producto importado entra “limpio”; el nacional no.
La necesidad de avanzar hacia un super IVA
Poner en pie de igualdad los productos importados y los locales exige ordenar el sistema tributario. Una propuesta concreta y técnicamente viable es avanzar hacia un “súper IVA”: un impuesto al valor agregado generalizado, único y de base amplia, que reemplace la actual superposición de tributos nacionales, provinciales y municipales que hoy encarecen artificialmente la producción local y la ponen en desventaja respecto a los productos importados.
A diferencia de impuestos como Ingresos Brutos, Sellos, tasas municipales o el impuesto al cheque, que gravan la facturación sin considerar rentabilidad ni acumulación en la cadena, el IVA bien aplicado es más neutral: recae sobre el consumo final, permite el crédito fiscal y es fácilmente identificable. Un “súper IVA” implicaría que tanto importadores como productores nacionales enfrenten la misma carga sobre ventas.
Para aplicar este modelo no es necesario esperar a que baje el gasto público y así tener espacio para bajar impuestos sin afectar el equilibrio fiscal. Se podría aplicar aun dentro de las estrictas restricciones fiscales que prevalecen en la actualidad. Alcanzaría con ajustar la alícuota de un súper IVA para compensar la pérdida de recaudación que genere la eliminación de los otros tributos. El foco no está en cuánto se cobra, sino en cómo se cobra. Lo urgente y más importante es eliminar impuestos que castigan la producción nacional y la descolocan frente a los productos importados.
Bajar la presión tributaria es una meta deseable que depende de bajar el gasto público. Mejorar la calidad de los impuestos es, además de deseable, urgente y no requiere necesariamente bajar el gasto. Con el “súper IVA” se puede reemplazar la maraña de tributos por un único impuesto más transparente, neutral y fácil de administrar.