Karina Herrera tiene 50 años y una discapacidad adquirida. Hace seis meses su pensión no contributiva fue suspendida. Se presentó a la primera auditoría en agosto de 2024. “Fui con los únicos papeles médicos que tenía, que eran con los que obtuve el certificado de discapacidad”, explica a PERFIL. “Fui con esos papeles porque es muy difícil, siendo una mamá sola, con dos hijos con autismo, poder atenderse. Les dejé las fotocopias y la copia del certificado médico”. En ese momento le informaron que pasarían sus papeles a los auditores médicos de la Agencia Nacional de Discapacidad y que se comunicarían con ella. Pero en diciembre ya no recibió el pago. “Me llegaron dos cartas documento diciendo que, por no tener la incapacidad reglamentaria, se me suspende la pensión. Ahí empieza mi penuria porque llevo seis meses sin mi único ingreso”. Desde entonces, comenta, se mantiene gracias a la ayuda de otras personas que le donan alimentos.
En el primer trimestre del año se dieron de baja 28.448 pensiones por discapacidad, según pudo registrar la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y en base a datos oficiales. De diciembre de 2024 a marzo de este año las personas que accedían a este beneficio pasaron de 1.221.971 a 1.193.523. La Asociación informó que, si se tienen en cuenta los datos del último censo que arroja información sobre la población con discapacidad en Argentina (2010, ya que en 2022 cambió el formato), el 12,9% de las personas tiene una discapacidad, lo que equivaldría a decir que 5.175.105 millones de argentinos estaban en condiciones de recibir una pensión. Sin embargo, de este total, sólo el 20% accedió a una.
Mientras tanto, el Gobierno avanza con los procesos de auditoría a las pensiones que, consideraron en varias declaraciones y a través de distintos funcionarios, fueron otorgadas a un número mayor de personas de las que correspondía. Como argumento esgrimen que durante los últimos años los beneficios crecieron de manera significativa. Desde ACIJ aclararon que si bien esto es cierto (pasaron de un millón en 2014 a 1.200.000 en 2023) esto se debió a la respuesta que se vio obligado a dar el Gobierno frente a las múltiples advertencias que había señalado la Justicia argentina y el Comité de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la inconstitucionalidad de los requisitos vigentes hasta ese momento. Entre ellos, el de que la persona tuviera una disminución del 76% de su capacidad laboral, no tuviera familiar o cónyuge que esté obligado a proporcionar alimentos y sustento, y no posea bienes o recursos que permitan su subsistencia. Por la modificación de esta normativa en 2023, algunas personas lograron entrar al sistema de pensiones, aunque la cifra estuviera todavía muy lejos de abarcar a toda la población destinataria.
En 2024, el Gobierno volvió a retomar ideas del decreto 432 de 1997 y a establecer como requisitos estos últimos mencionados, lo que va en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (a la que Argentina adhirió en 2014 y que tiene rango constitucional). Entre otras cosas se restableció la idea de “incapacidad laborativa” (ahora de un 66%) y la de la obligatoriedad de familiares en el sustento. Desde ACIJ destacaron que “no existen personas con capacidad y sin capacidad laboral” sino que todas pueden trabajar en la medida en la que los entornos se vuelvan lo suficientemente accesibles. Entre las causales de suspensión de las pensiones también se incorporaron la inconsistencia en los datos del domicilio (lo que aplica, por ejemplo, al caso de una persona que se haya mudado) o cuando las cartas documento no puedan ser entregadas por motivos imputables al destinatario, lo que deja abierta la posibilidad de incluir una gran cantidad de variables.
Ana Dones, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) aseguró a este medio que en algunas provincias las cartas documento enviadas por el Ministerio de Salud citaban a las personas en lugares que quedaban a cientos de kilómetros de su residencia, o a direcciones inexistentes. También destacó que en muchos procesos de auditoría se vieron “largas filas en sitios no adaptados para personas con discapacidad, sin contemplar la accesibilidad ni la necesidad de lugares para sentarse”. Y agregó: “Nadie dice que no auditen, sino que lo hagan responsablemente considerando las necesidades de este colectivo para desplazarse. También deberían considerar no pedirles información actualizada cuando todos sabemos que es imposible conseguir turnos médicos en menos de 30 días”.
Las Defensorías de algunas provincias ya presentaron reclamos. En Formosa denunciaron una gran cantidad de “irregularidades”. José Leonardo Gialluca, Defensor del Pueblo de esa provincia, aseguró que “cuando se utiliza el argumento de que ni siquiera un país que haya pasado por una guerra tendría tantas pensiones por discapacidad, están mezclando los conceptos”.
Sobre esto último cabe decir que Argentina no está lejos de las estadísticas generales: el 16% de la población mundial tiene alguna discapacidad.
En Santa Fe la Defensoría convocó a una reunión con ONG, profesionales de la salud y autoridades provinciales que trabajan el tema. En la reunión, celebrada en abril, advirtieron que el 50% de las personas con discapacidad no fueron notificadas de manera fehaciente de la auditoría, por lo que, temen, esto podría derivar en la suspensión de sus beneficios.
Tal como señaló PERFIL hace unos meses, el Ministerio de Salud amplió su presupuesto para el envío de cartas documento en $ 30 mil millones, lo que significó un incremento del 23.800% del dinero destinado este año al servicio de correos. Desde la cartera explicaron entonces a este medio que el dinero contemplaba el envío de 1 millón de notificaciones.
Mientras tanto, Herrera está tramitando la restitución de su beneficio. “Para pedir la rehabilitación de la pensión tenés que presentar certificado médico, de tratamientos, secuelas o diagnóstico nuevo”, cosa que se le dificultó conseguir porque los servicios de Incluir Salud, que están garantizados con la pensión, también fueron suspendidos. Luego de varios intentos logró presentar un amparo. Ahora, debe esperar dos meses más para su resolución.