La Corte Suprema envió el expediente de la causa Vialidad al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para que determine si corresponde revisar o agravar la pena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner. Se trata del primer paso que debe dar la Justicia para activar el trámite de 17 recursos de queja presentados en el caso.
De esa manera, el máximo tribunal dio vista a Casal para que resuelva sobre la queja directa que presentó el fiscal Mario Villar ante la Cámara Federal de Casación, donde reclama que se agrave la situación de la expresidenta y se la condene a doce años al sumar el delito de asociación ilícita al de administración fraudulenta. Además, definirá si queda imposibilitada de ser candidata para ocupar cargos públicos.
Causa Vialidad: la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Cristina Kirchner
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En caso de que la Corte confirme la condena, la expresidenta deberá cumplir la pena en prisión (pudiendo solicitar domiciliaria por tener más de 70 años) y no podrá postularse a cargos de por vida. La activación de la causa llega en un momento clave para el futuro del peronismo, ya que se había comenzado a barajar la posibilidad de que sea candidata a legisladora provincial en Buenos Aires. Si es electa, tendrá fueros que le darán inmunidad de arresto.
Luego de un juicio oral, la expresidenta fue condenada por el delito de fraude a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, decisión que fue confirmada por la sala IV de la Cámara Federal de Casación y ahora llega a la Corte mediante recursos de queja directa. En ese contexto, el máximo tribunal pidió opinión a la Procuración en relación a si sostiene o no la apelación de la fiscalía.
Casal no tiene plazos para expedirse al respecto y, una vez que entregue su dictamen, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti comenzarán a debatir si abren o no los recursos de queja directa. En caso de rechazarlos, las condenas de todos los acusados en el caso Vialidad quedarán firmes y comenzarán a ejecutarse.
Villar había reclamado ante la Cámara Federal de Casación que se duplique la pena impuesta a la exmandataria porque considera que debe revocarse su absolución por asociación ilícita, uno de los dos delitos sobre los cuales la juzgó el Tribunal Oral Federal 2. Sin embargo, Casación rechazó esta postura y confirmó la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Por ese motivo, el fiscal presentó un recurso extraordinario para llegar a la Corte, rechazado por inadmisible. Ante ese desenlace, al igual que las defensas de los condenados, fue en queja directa al máximo tribunal. En su recurso, Villar calificó de «arbitraria» la decisión de Casación y advirtió que la sentencia que ratificó las absoluciones por asociación ilícita de la expresidenta y también del condenado empresario Lázaro Báez son una «decisión inválida».
Sumado a esto, se presentó en queja por la absolución de tres de los acusados: el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala y el exintegrante de Vialidad Santa Cruz, Héctor Garro. Casal también deberá dictaminar sobre esas cuestiones.
En tanto, Villar remarcó que la causa Vialidad es «un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino» en materia de lucha contra la corrupción, por lo cual «el interés institucional» del tema que justifica la intervención de la Corte «se encuentra ampliamente acreditado».
MB/Gi