El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmutó las penas de muerte de 37 reclusos federales, transformándolas en cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El anuncio, realizado pocos días antes de Navidad, ha provocado reacciones encontradas. Mientras defensores de los derechos humanos celebran la decisión, las familias de las víctimas denuncian sentirse ignoradas y traicionadas. Entre los condenados excluidos de esta medida se encuentran Dylann Roof, autor de la masacre en una iglesia afroamericana en Charleston; Dzhokhar Tsarnaev, autor del atentado en el maratón de Boston; y Robert Bowers, responsable del ataque a la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh, informó ABC.
La medida de Biden refleja su histórica oposición a la pena de muerte, reforzada por su experiencia como defensor público y presidente del Comité Judicial del Senado. “Estoy convencido de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal”, afirmó Biden en un comunicado oficial, justificando que su conciencia y trayectoria lo guían a impedir futuras ejecuciones. “No puedo permitir que otra administración reanude las ejecuciones que he detenido”.
Biden también destacó que los condenados incluidos en su decisión no serán liberados, sino que cumplirán cadenas perpetuas sin posibilidad de salir de prisión. La Casa Blanca señaló que las ejecuciones federales fueron suspendidas bajo su mandato, alineándose con una tendencia global hacia la abolición de la pena capital. Sin embargo, la decisión generó críticas entre líderes conservadores y familiares de víctimas, quienes consideran que la conmutación representa un desprecio a la justicia. Donald Trump, crítico feroz de la política de Biden, calificó la medida como un “golpe a la decencia común”, en declaraciones recogidas por ABC.
Las familias de las víctimas se mostraron indignadas tras el anuncio. Heather Turner, hija de Donna Major, una cajera de banco asesinada durante un robo en 2017 en Carolina del Sur, expresó su furia en el programa “Fox & Friends” de Fox News: ”Estoy enojada. Sigo enojada. No puedo creer que esto esté pasando sin que se nos haya consultado. No hubo consideración por lo que hemos sufrido”.
El asesino de Major, Brandon Council, fue captado por cámaras de seguridad mientras disparaba a sangre fría a dos empleadas del banco CresCom en Conway, Carolina del Sur. “No le mostraron ninguna piedad. Entró al banco, no dijo ni dos palabras y le disparó tres veces”, relató Danny Jenkins, esposo de Major. “Esto es inaceptable”, afirmó.
Turner afirmó que la familia intentó evitar la conmutación enviando cartas a la oficina de indultos y solicitando una reunión en persona en Washington. “Fuimos ignorados. Solo nos dieron una conferencia virtual de 10 minutos que claramente no tuvo ningún impacto”, relató para Fox News. Katie Jenkins, otra hija de Donna Major, fue aún más directa: “No hay compasión en esto. ¿Para quién? ¿Para un criminal? No lo acepto. No lo acepto en absoluto”.
A pesar de la medida general, Biden dejó en el corredor de la muerte a tres de los criminales más notorios del país. Dylann Roof, condenado por asesinar a nueve feligreses afroamericanos durante una sesión de estudio bíblico en Charleston en 2015, fue uno de ellos. La decisión de mantener su condena a muerte fue recibida con sentimientos encontrados por los familiares de las víctimas de Roof.
Felicia Sanders, quien sobrevivió al ataque protegiendo a su nieta, calificó la decisión como “un maravilloso regalo de Navidad”, reportó ABC. Sin embargo, otros, como Sharon Richer, cuya madre fue asesinada en el tiroteo, criticaron la decisión de mantenerlo vivo en espera de la ejecución. “Cada apelación revive el trauma. Necesitamos cerrar este capítulo”, expresó.
La situación de Roof contrasta con la de otros condenados como Norris Holder, sentenciado a muerte por el asesinato de un guardia durante un asalto bancario en St. Louis en 1997. Su abogada, Madeline Cohen, elogió la conmutación, citando discriminación racial en el juicio, donde el jurado era exclusivamente blanco, reportó ABC.
La medida de Biden reavivó el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, un país donde la opinión pública sigue dividida. Mientras algunos ven la pena capital como una forma de justicia para las víctimas, otros consideran que perpetúa la violencia y refleja las fallas del sistema judicial.