El Gobierno ha tomado una medida significativa al emitir una serie de decretos que obligan a las universidades a reformar la rendición de gastos y prohíben los contratos directos. Esta decisión, que involucra a las 62 casas de altos estudios del país, ha generado un gran debate y ha puesto en el centro de la discusión la transparencia y la gestión de los recursos públicos en el ámbito universitario.
La medida del Gobierno fue anunciada mediante tres decretos y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que establecen que la facturación de bienes y servicios en las universidades debe realizarse a través de plataformas que dependen del Ejecutivo.
Entre estas plataformas se encuentran COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), que buscan garantizar un uso más transparente y eficiente de los recursos públicos.
El objetivo principal de estos decretos es reformar el actual sistema de gestión económica y financiera de las universidades públicas, así como prohibir la firma de convenios y acuerdos directos sin licitación ni compulsa de precios.
Esta medida se enmarca en la política de transparencia del gobierno nacional, que busca asegurar que todas las instituciones financiadas con fondos públicos se rijan bajo normas y sistemas unificados. Uno de los puntos más destacados de esta reforma es la adopción obligatoria de sistemas electrónicos nacionales para la gestión de compras y contrataciones.
Esto incluye la implementación de COMPR.AR y CONTRAT.AR, que ya son utilizados por 35 universidades públicas, y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), que permitirá una administración más eficiente y segura de los recursos.
Decreto
Además, los decretos del Gobierno restringen al mínimo la posibilidad de firmar «convenios interadministrativos» con entes públicos o cooperativas, que anteriormente quedaban fuera de los controles del Estado Nacional.
Este punto es clave, ya que en investigaciones recientes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se descubrieron unos 2.400 convenios con diversas irregularidades y montos multimillonarios. El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, explicaron los detalles de los cambios en una rueda de prensa.
Seguinos en Google News y en nuestro canal de Instagram, para seguir disfrutando de las ultimas noticias y nuestro mejor contenido.