En los próximos días unos 40.000 empleados públicos que hoy trabajan en la administración pública Nacional como contratados y cuya relación laboral vence a fin de año, deberán presentarse a rendir un examen de idoneidad. Quienes lo aprueben -habrá tres chances para hacer el intento- podrán acceder a una renovación del contrato. Los que resulten desaprobados quedarán desafectados.
Pero el examen no estará disponible solo para estos 40.000 trabajadores.Fuentes del Gobierno explicaron que cualquier ciudadano que hoy no esté trabajando en el sector público podrá rendir el examen. Pero que lo apruebe no quiere decir que obtendrá automáticamente un trabajo en la Administración pública. Solo obtendrá un certificado de idoneidad para que, cuando aparezca una vacante o se abra un concurso laboral en el Estado, pueda postularse. La condición para trabajar en el Estado hoy requiere un certificado de antecedentes penales. A partir de ahora, también será obligatorio presentar el certificado de idoneidad.
La convocatoria al examen, confirmada por fuentes oficiales, forma parte del plan de revisión total de la Administración pública nacional y sus funciones, trabajo que fue caracterizado por el ministro de desregulación Federico Sturzenegger como la “deep motosierra”.
En los 12 meses de gobierno de Javier Milei se eliminaron cerca de 34.000 puestos de trabajo y se eliminaron cerca de 250 dependencias (“ravioles”, en la jerga de la burocracia). A nivel nacional, la reducción de personal, si se excluyen fuerzas de seguridad, es más o menos un 8% menos con respecto a diciembre de 2023.
Con la deep motosierra se hará una revisión total de todo el escalafón público, se analizarán funciones de cada dependencia y sus partidas presupuestarias y se analizará cerrar o fusionar áreas.
La lectura que hacen en el Gobierno es que en comparación a los años 90, los empleos públicos crecieron 50% y el gasto público para sostener el creciente tamaño del Estado también creció también un 50%, Pero ni por asomo esa expansión de personal y funciones se tradujo en una mejora en la prestación de servicios del Estado. “Podemos tener un Estado más eficiente con un tamaño mucho más chico que el actual”, resumen las fuentes
Examen y carrera
Para el Gobierno, la reducción de 34.000 puestos de trabajo es un primer paso. Ahora se viene una segunda instancia con el objetivo, dicen, de convertir al empleado público en un trabajador más profesional y que pueda desarrollar una carrera dentro de la administración.
“Queremos que sean verdaderos servidores públicos” señalan los funcionarios. En ese sentido, explican que posiblemente la semana que viene se active un “turnero” para que cada uno de los 40.000 contratados y los ciudadanos interesados fijen una fecha para rendir el examen.
Al obtener el turno se les otorgará un código secreto. El día del examen se deberán presentar a una sede a determinar. Se les entregará una laptop y habrá que ingresar el código. Allí surgirán las preguntas del examen, que será modalidad “multiple choice”. Al completar todas las preguntas automáticamente saltará un mensaje: “aprobado” o “desaprobado”. Y quien resulte aprobado obtendrá allí mismo el certificado de idoneidad. Como se dijo, cada persona tendrá tres chances para intentar rendir el examen.
Habrá más de un nivel de examen. Para ocupar cargos profesionales además del título, se deberá aprobar un test que pasará por temas de razonamiento, lógica matemática, comprensión de textos y conocimiento de los procesos de la administración pública. También cuestiones básicas como, por ejemplo, la Constitución Nacional, la ley de ética pública o normativas que están relacionadas con el funcionamiento del Estado.
Para tareas denominadas de servicios generales el examen se limita solamente a comprensión de textos y razonamiento matemático. “Apuntamos a un nivel de colegio secundario” explican las fuentes. Los funcionarios aclaran que las preguntas de matemática serán de un nivel tal que no hace imprescindible el uso de calculadora.
De todas maneras, los funcionarios se encargan de subrayar que el examen no está pensado para despedir gente: “No tenemos problema si lo aprueban los 40.000 contratados. El examen no está pensado como un filtro, sino pensando a futuro, con la intención de que no se puedan meter en la administración pública personas inhábiles.
En ese sentido, las fuentes oficiales consideran que la reducción más grande de personal vendrá por las facultades legales que tiene el Estado de pasar a disponibilidad al empleado público, sea o no de planta permanente. La mira está puesta en los organismos descentralizados, que se multiplicaron como hongos en los últimos años y hoy son cerca de 100.
¿Qué es lo que te permite la disponibilidad? Cesar la relación laboral. Si un empleado está en un organismo que decidió disolverse con un informe fundado, el Gobierno puede pasar a disponibilidad al personal de dicho organismo. Ese personal cobra su salario entre 6 y 12 meses y después de ese periodo, si no se le encontró ninguna tarea se puede despedir. Los primeros empleados pasados a disponibilidad por este Gobierno fueron los del INCAA y el INADI.
Una perlita de lo que encontró hasta ahora la deep motosierra es el caso de la Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI), un “raviol” dentro del ahora ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. El Conami debía dar créditos “para potenciar tu unidad productiva”. Pero al revisar sus números, la cartera de créditos otorgados era, en pesos, mucho más chico que el gasto en salarios del Conami. Se disolvió el Conami y sus tareas fueron asignadas a otra área.